Pronunciamento em
português
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do massacre
El
Centro de Trabalho Indigenista – CTI, organización
indigenista que actúa en la defensa de los derechos
de los pueblos indígenas en Brasil desde el año
1979, hace público el presente pronunciamiento,
respeto a la violencia del gobierno de Alan García
ante las protestas indígenas ocurridas en la
localidad de Bagua, Perú, el 5 de junio de 2009.
En
los últimos años hemos acompañado
con preocupación la forma con que el gobierno
de Perú ha conducido el proceso de “desarrollo”
de su región amazónica, apoyado sobre
todo en la exploración de recursos madereros
y de hidrocarburos. A lo largo de ese proceso no se
ha respetado efectivamente los derechos de los pueblos
indígenas, garantizados por la constitución
peruana y por tratados internacionales como la Convención
169 de OIT (rectificada por el Estado peruano mediante
la Resolución Legislativa N° 26253, del 02
de diciembre de 1993), lo que ha sido denunciado inúmeras
veces por autoridades y organizaciones indígenas
de Perú.
El
gobierno ha ignorado sistemáticamente la voz
de estas poblaciones, lo que es evidenciado en los decretos
legislativos propuestos en el ámbito de la implementación
del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados
Unidos. El Congreso de la República de Perú
ha autorizado el Poder ejecutivo a regular aspectos
relacionados a la implementación del TLC, con
el objetivo de crear las condiciones necesarias para
su consolidación. Sin embargo, en su interpretación
el Ejecutivo ha claramente excedido los límites
de la dicha delegación de facultades otorgada
por el Congreso.
Los
decretos legislativos propuestos amenazan los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas: vulneran
el derecho de las Comunidades Nativas (CCNN) a sus territorios,
una vez que se propone la modificación y afectación
del régimen jurídico de las tierras de
las CCNN; no observan el derecho a la consulta y participación
de los pueblos indígenas en procesos de exploración
de recursos naturales en sus propios territorios; vulneran
los derechos a la libre determinación y a la
autonomía y gobierno.
Pese
a esa postura del actual gobierno, los pueblos indígenas
amazónicos de Perú han buscado el diálogo
a través de protestas pacíficas, intensificadas
a partir del año 2008. Motivado por intereses
externos de trasnacionales, expresos en el TLC, el Presidente
Alan García ha rechazado con violencia los sucesivos
intentos pacíficos de los indígenas amazónicos
de lograr un diálogo con el gobierno y ha criminalizado
autoridades indígenas.
En
el año 2008 el gobierno ya hubiera ordenado la
captura e prisión de Antonio Iviche, presidente
de la Federación Nativa del Río Madre
de Dios y Afluentes, FENAMAD, bajo la acusación
de encabezar las protestas en la ciudad de Puerto Maldonado.
Repitiendo la misma estrategia, el gobierno peruano
ahora responsabiliza a Alberto Pizango Chota, presidente
de la Asociación Interétnica para el Desarrollo
de la Selva Peruana, AIDESEP, por las últimas
protestas en Amazonía, que culminaran con la
masacre en Bagua. De esa manera, deslegitimiza a los
pueblos indígenas como ciudadanos peruanos que
viven en la selva amazónica hace miles de años
y que gozan de pleno derecho de manifestaren sus reclamos.
Contrariamente
a la versión oficial, según la cuál
las protestas fueran motivadas por intereses externos,
lo que dejaron muy claro los pueblos indígenas
amazónicos en sus manifestaciones fue la constatación
de que el proceso de “desarrollo” en curso
solo ha traído impactos negativos a sus comunidades
y territorios. Los intereses externos, los defiende
el gobierno de Alan García, al sobreponer a los
derechos constitucionales de los pueblos indígenas
la privatización de recursos naturales de la
selva peruana, exigencia norteamericana para la consolidación
del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Perú.
